Las intervenciones en la Audiencia Congresional en Arenal insisten en la reactivación de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar

La declaratoria de la serranía de San Lucas como Parque Natural Nacional, la situación de los pequeños mineros frente a la gran minería, los asesinatos y la presencia paramilitar, la falta de agua potable y los efectos de la oleada invernal fueron los temas centrales en la Audiencia Congresional sobre Derechos Humanos que tuvo lugar en Arenal (Sur de Bolívar) el 19 de noviembre de 2011.

Imagen de la Audiencia Congresional en Arenal (Sur de Bolívar) desde la mesa de intervenciones.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El representante a la Cámara Iván Cepeda Castro solicitó al Congreso de la República la autorización para realizar una Audiencia Congresional que la plenaria aprobó con el objetivo de trasladar una de las funciones del Congreso al Sur de Bolívar: escuchar a la población y ejercer control político. Más de 250 personas participaron en el evento procedentes de los municipios Ríoviejo, Santa Rosa, El Peñón, Norosí, Morales, Arenal, Tiquisio y San Pablo. Unas 200 personas no pudieron llegar a la Audiencia por el mal estado de las vías mientras Milena Quiroz, representante de la comunidad de Arenal, afirmó que se habían generado rumores que han afectado la participación de la comunidad: «Corrió el rumor que la Audiencia era un acto de sabotaje a la seguridad ciudadana para afectar el orden público».

Desarrollo de la Audiencia Congresional

Tras los saludos de los diferentes representantes de los municipios del Sur de Bolívar y de Corposerranía, Pablo Santiago y Narciso Beleño explicaron la historia de la Mesa de Interlocución.

 Todas las intervenciones agradecieron al congresista el impulso de la Audiencia y su compromiso con la región; gran parte de ellas se quejaron por la falta de asistencia de representantes del gobierno nacional o departamental, de los diferentes organismos estatales, de ministerios o representantes locales. De todos los entes estatales convocados a la Audiencia sólo acudieron delegados de Parques Naturales e INVIAS; también asistieron el alcalde y un concejal de Norosí, un concejal de Arenal y otro de Ríoviejo. El Defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio llegó cuando se estaba dando el cierre de la Audiencia.

El presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL), Teófilo Acuña, explicó cuál era la situación actual en la región en cuanto al cultivo de palma aceitera, la minería, la declaratoria de la Serranía de San Lucas como Parque Natural Nacional o la inversión social.«Decimos no a la palma, sí al pescado, sí a la vida»

Esa fue la frase de Teófilo Acuña, quien añadió: «La producción de palma sigue creciendo en detrimento del desarrollo de la región que está siendo declarada como zona franca; donde la gente cultivaba arroz hoy se siembra palma». Además, para la siembra de palma se secan ciénagas que afecta la pesca de los habitantes. El ejemplo del municipio Regidor es ilustrativo: el 70% de las tierras aptas para cultivo, sin contar las ciénagas que han secado las empresas palmeras, son para la palma aceitera. «Los grupos armados siguen desalojando territorios mientras el cultivo de palma crece; se aproxima una crisis de hambre», sostiene Acuña. 

El presidente agrominero afirmó que «el 100% del Sur de Bolívar está concesionado para minería, incluyendo caños y humedales, incluso cascos urbanos como Santa Rosa». Resaltó que sólo el 1% de esas concesiones son para la comunidad, pero está en riesgo de perderse por diferentes decretos y leyes que obligan a los pequeños mineros a cumplir los mismos requisitos que las multinacionales. «Ronda un nuevo proyecto de reforma al Código de Minas más nocivo aún que el vigente; los mineros pequeños vamos a ser expulsados de la región y las retroexcavadoras son parte de la estrategia de expulsión del territorio, esta es la real minería ilegal».

«Continúa incrementándose el paramilitarismo en la región, aumentan las amenazas»

«Han dicho que vienen a retomar y controlar el territorio: La Aventura, Dos Bocas, Quebrada del Medio o Malena son sitios donde tienen bases». En lo que va de año, FEDEAGROMISBOL denuncia que unas 40 personas han sido asesinadas en el Sur de Bolívar por parte de grupos paramilitares y guerrilleros por lo que insiste que «la Mesa de Interlocución es una necesidad, no un capricho». Los hechos más recientes sucedieron el 17 de agosto pasado, una movilización en Arenal en septiembre denunció la masacre de tres personas en Arenal por parte de grupos paramilitares en el sitio denominado Casa Zinc (municipio de Montecristo). «Las comunidades saben que son los mismos paramilitares de antes: llegaron los mismos que antes tenían el brazalete de las AUC [Autodefensas Unidas de Colombia]».

Acuña asegura que los Consejos de Seguridad no sirven para nada distinto que para agravar la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario: «Ha habido asesinatos por parte de la Policía y el Ejército; en San Pedro Frío un comandante del Ejército aceptó que sus hombres cambiaban droga por granadas; el Ejército patrulla con los paramilitares con la cara tapada».

El Defensor del Pueblo regional del Magdalena Medio, Christian Gordón Chaparro, expresó: «Es claro que existe control territorial de actores ilegales por el control de la explotación minera ilegal, los cultivos ilícitos y las rutas del narcotráfico».

«No hay acueducto con agua potable en ningún municipio»

En cuanto a la inversión social, Acuña insistió en que hay un problema grave de falta de agua potable y que el tema de salud es absolutamente precario. Afirma que el 70% de la educación lo asume la comunidad garantizando el transporte, el alojamiento y la alimentación de docentes e incluso la construcción de escuelas.

También hubo reclamos sobre las vías de la región que están dañadas y aseguran que muchas han sido construidas por las comunidades. El delegado del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), Jorge Danilo Rojas Castro, mostró su disposición a participar en la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar para mirar de afrontar los problemas descritos.

Discrepancias frente a la declaratoria de Parque Natural Nacional

Muchas intervenciones de los asistentes se refirieron a la posible declaratoria de la serranía de San Lucas como Parque Natural Nacional. Afirman que ello comportaría la expulsión del territorio de por lo menos 52.000 personas en el municipio de Santa Rosa ya que esa figura excluiría cualquier actividad humana como el cultivo, la pesca, la ganadería o la tala de árboles.

Mientras algunas intervenciones aseguran que ya les han informado que sólo falta la declaración de Parque Natural Nacional y que incluso ha habido reuniones de socialización para ello, la asesora de la Dirección General de Parques Naturales, Constanza Atuesta, afirmó que el organismo estatal está en disposición de iniciar un proceso de diálogo para una iniciativa de conservación en la serranía de San Lucas para armonizar las iniciativas de conservación de la comunidad con las del Estado. Parques Naturales contrata a Proyectos y participación de Aguas y Tierras (PROCAT) para que haga una propuesta y la funcionaria señala que «la propuesta del contratista no constituye la decisión sobre la declaratoria de Parque Nacional».

Insiste en que hasta ahora sólo se ha recogido información para un diagnóstico y que la declaratoria de Parque Nacional tiene que ser rigurosa y exige muchos pasos. Afirmó: «La declaratoria no la vamos a sacar adelante sin la concertación de la comunidad; ese proceso apenas está arrancando». Asimismo, resalta que es importante que la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar se dinamice para poner en común las iniciativas de conservación y protección de la serranía de San Lucas.

Teófilo Acuña ponía en duda que la declaratoria de Parque Nacional fuera para proteger ambientalmente el territorio, sino una estrategia para favorecer la gran minería: «Hoy en día hay 36.400 hectáreas concesionadas en Parques Naturales». INGEOMINAS entregó durante el gobierno de Álvaro Uribe 38 títulos mineros que equivalen al 0,3% del total de las áreas de Parques Nacionales. Actualmente hay 360 solicitudes de títulos sobre 193.274 hectáreas, según cifras del Ministerio de Medio Ambiente. Atuesta reafirmó que toda minería tanto superficial como subterránea está prohibida en un Parque Nacional y reconoció que INGEOMINAS ha otorgado concesiones en parques nacionales, lo cual ha sido demandado.

Las intervenciones del público insistían en que se busquen figuras de protección que incluyan al campesinado y que contemplen la historia y la capacidad de conservación ambiental de la comunidad porque alguna denunciaba que la reserva de zona forestal ha perjudicado el desarrollo de la región porque los agricultores no han podido titular predios.

Satanización de la Audiencia

Milena Quiroz aseguró que las comunidades legitiman a la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar para que represente a la población e interlocute con el Estado para buscar una solución dialogada a las problemáticas de la región. Todas las intervenciones reconocían la necesidad de la reactivación de este espacio de diálogo y su importancia por el bien de la región.

Sin embargo, Quiroz informó que gran parte del pueblo de Arenal no se hizo presente en la Audiencia porque está atemorizado. Según miembros de la Mesa de Interlocución el alcalde dijo a los medios que la Audiencia era una movilización para bloquear las vías. Iván Cepeda aseveró que toma nota de lo que un alcalde afirma sobre un acto oficial del Congreso. Pablo Santiago (FEDEAGROMISBOL) dijo que hoy en día se sigue satanizando esta Mesa aunque es el espacio para resolver problemas y defender la región.

Cepeda explicó la función de la Audiencia:  «Esta Audiencia es de carácter oficial, no es un acto simbólico ya que hace parte de la función de control político de los congresistas. Una vez recibidas las quejas e informes, mi función es trasladar esa información para tomar cuanto antes medidas y procesos para solucionar problemas». 

El congresista señaló que el acta firmada por los asistentes es un compromiso público con la comunidad que tiene sus efectos y citó algunos ejemplos de estas audiencias. Habló de la realizada en San Onofre (Sucre) en noviembre de 2008 cuyas denuncias originaron la encarcelación de varios concejales y del alcalde por vínculos con grupos paramilitares. También en julio de 2008, una audiencia en La Macarena (Meta) facilitó que la Fiscalía investigara 2.000 cuerpos sin identificar hallados en fosas comunes.                                           

ACCIÓN URGENTE

PARAMILITARES AVANZAN EN SU RECORRIDO DE TERROR POR EL SUR DE BOLIVAR      

“Las denuncias han sido persistentes, se ha venido alertando sobre la presencia y avance de los paramilitares en la mayor parte de los municipios del Sur de Bolívar. Se han dado a conocer al gobierno nacional y departamental los lugares desde donde operan estos en límites de los municipios de Tiquisio y Montecristo, veredas Malena,  Quebrada del medio, Tagual, Pincho,  Tenche y demás aledañas, van más de 40 asesinatos, una masacre y muchos desplazamientos, Las comunidades se han movilizado exigiendo la presencia del gobierno nacional. EL GOBIERNO NACIONAL NO HA HECHO NADA PARA IMPEDIRLO”

Aparecen grafittis en la zona Minera

Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los graves hechos que continúan presentándose contra comunidades en el Sur de Bolívar, sin que por parte del gobierno nacional se adopten acciones contundentes para detener este avance paramilitar.

HECHOS

El día 15 de septiembre de 2011, la escuela del corregimiento Mina Caribe del municipio de Morales amaneció pintada con grafittis que según los habitantes del corregimiento dicen: “fuera sapos no los queremos”, letreros que aparecen firmados con las letras AUC. También afirman los pobladores que alrededor de la escuela se pueden ver huellas de botas aparentemente militares.

Así mismo y de acuerdo con denuncias recibidas de las comunidades, manifiestan que desde el mismo 15 de septiembre de 2011, en la vía que conduce del corregimiento Mina Caribe al corregimiento San Luquitas, se ha observado la presencia de un grupo de hombres armados sin identificar la organización armada a la cual pertenecen.

El transporte público y particular ha sido suspendido, debido al fuerte temor que ocasionan las amenazas y la presencia de hombres armados en el territorio.

Alertamos sobre  el riesgo que corre la vida de varios lideres agromineros del Sur de Bolívar, especialmente del Fiscal de la Federación Agrominera Señor MIGUEL ANAYA HOYOS, pues los comentarios que intencionalmente se han puesto a correr dentro de la población indican que el líder MIGUEL ANAYA, va a ser asesinado. 

Es de anotar que en el sector de la zona minera existe una fuerte presencia militar. En ella  confluyen varias unidades militares, como el Batallón  de Selva No. 48  el cual tiene una base ubicada a 15 minutos caminando desde el corregimiento de San Pedro Frío y quienes de manera permanente patrullan toda la zona incluyendo los corregimientos de San Luquitas y Mina Caribe, quienes además patrullan junto con desmovilizados y personal encapuchado y armado.

 

ALGUNOS ANTECEDENTES INMEDIATOS

 

El día 17 de agosto de 2011, una veintena de hombres fuertemente armados y  uniformados, quienes se identificaron como paramilitares de las Águilas Negras,  incursionaron en el sitio Casa de Zinc, zona rural del municipio de Montecristo donde retuvieron, torturaron y asesinaron 3 personas y dejaron una herida. Muy cerca al sitio de los hechos hacía presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico.

Los paramilitares durante la masacre, amenazaron con retomar el control del Sur de Bolívar y llegar a varias poblaciones para cometer crimenes.

Es alarmante la situación, pues en lo que va corrido del año 2011, se han cometido más de 40 asesinatos, se han multiplicado las amenazas y los hostigamientos contra las organizaciones comunitarias y sus líderes, se ha extendido la presencia y control de los paramilitares que de manera abierta y pública controlan militar, económica y socialmente importantes sectores.

En la región también se vienen desarrollando acciones por parte de la insurgencia agravando aun mas la situación de las comunidades;  El día 28 de agosto de 2011, se produjo una fuerte explosión en el corregimiento San Pedro Frío del municipio de Santa Rosa del Sur, en el camino que de este corregimiento conduce al caserío Mina Chelín, aunque no se produjeron víctimas, sí resultó una casa levemente averiada.   La guerrilla de las  FARC, se adjudicó el hecho, anunciando que esta explosión es la primera de una serie de hechos lamentables.

Las retroexcavadoras continúan su devastador paso y siguen causando serios e irreversibles daños ambientales, económicos y sociales que destruyen lentamente nuestro territorio.

Ante esta grave situación, entre los días 1 al 9 de septiembre, pobladores  del Sur de Bolívar, realizaron acciones de protesta en el municipio de Arenal para reclamar del gobierno nacional la convocatoria inmediata de la Mesa de Interlocución del sur de Bolívar. Se esperaba la presencia de representantes del gobierno nacional, los cuales se habían comprometido en llegar pero nuevamente incumplieron. Esta concentración fue víctima de hostigamientos de parte de la policía, el ejército y los paramilitares.



Por lo anteriormente exigimos:
 

Al gobierno nacional convocar de manera inmediata la Mesa de Interlocución del sur de Bolívar.

Combatir  y Detener  el avance paramilitar en la región del Sur de Bolívar

Proteger la vida e integridad física de los pobladores del Sur de Bolívar.

Dar cumplimiento inmediato a las medidas cautelares otorgadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a favor de los líderes y miembros de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar.

Investigar a todas y todos los funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Militares que  con su acción y omisión han permitido que avancen los paramilitares y que estos continúen cometiendo crimenes contra la población.


Firman:


FEDERACIÓN AGROMINERA DEL SUR DE BOLÍVAR – FEDEAGROMISBOL
COMISIÓN DE INTERLOCUCIÓN DEL SUR DE BOLÍVAR
CORPORACIÓN SEMBRAR
ASOCIACIÓN NOMADESC
COORDINADOR NACIONAL AGRARIO – CNA
RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD – COLOMBIA
CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL CONTRA EL DESPOJO

Campesinos del sur de Bolívar se movilizan para exigir atención del Gobierno

El miércoles en la noche asesinaron a una pareja. A el hombre lo sacaron de la finca y lo mataron. A la mujer le dispararon y la dejaron herida. Murió al cabo de unas horas. “El gobierno no tiene voluntad política y los paramilitares siguen matando”, dice uno de los hombres que participan en la movilización, que desde hace ocho días (el 1 de septiembre) se adelanta en el municipio de Arenal (sur de Bolívar).

¿Qué piden? Que el Gobierno nacional convoque a la mesa de interlocución, un espacio concertado entre las comunidades y el Gobierno nacional en el año 2005 para discutir la situación regional y generar compromisos estatales, en función de mejorar las condiciones de vida de quienes habitan en la región. Por eso, hasta que no tengan una respuesta clara a su petición se mantendrán ahí, en la cabecera del municipio de Arenal, controlando las vías de acceso hacia otros municipios y departamentos.
Teófilo Acuña, representante legal de la Federación Agrominera del Sur del Bolívar, es uno de los líderes del plantón. “Estamos reunidos para exigir el respeto a la vida. Luchamos por no ser despojados de nuestro territorio. También pedimos que se convoque de manera urgente la mesa de interlocución”, dice.
“Hemos insistido ante el Gobierno nacional para que retomemos la mesa de interlocución. Allí veníamos planteando nuestros proyectos de vida y nuestras propuestas de permanencia en el territorio. Queremos que se retome ese espacio que fue suspendido unilateralmente por el gobierno anterior”, asegura Acuña.
Los campesinos también protestan por lo que ellos consideran “absoluta indiferencia de las autoridades” ante el daño que –dicen– están generando las máquinas retroexcavadoras a las fuentes de agua, humedales y ciénagas. Con esto, sientan su voz de protesta ante la presencia de las multinacionales, que desde el año pasado están explotando las minas de oro en la región.
En la movilización participan habitantes de Santa Rosa, Morales, Montecristo, Norosí, Simití, San Pablo, Río Viejo y Arenal. Todos esperan lo mismo, “que se cumpla lo que el pasado 15 de julio se acordó en una reunión con el programa de derechos humanos de la vicepresidencia, cuando se dijo que se iba a retomar la mesa”.
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar y las comunidades agromineras de la zona encabezan la movilización. Ellos, en una carta enviada el pasado 2 de septiembre a la vicepresidencia, reiteran su petición.

“Desde enero del 2009, el gobierno anterior suspendió de manera unilateral el funcionamiento de la mesa de interlocución, instalada de común acuerdo entre las comunidades y el gobierno desde el año 2005. A pesar de que desde esa fecha las comunidades representadas por la comisión de interlocución hemos insistido en la urgente necesidad de retomar la dinámica de la mesa, tanto el gobierno anterior como el actual, del que usted hace parte, se han negado a dar una respuesta concreta sobre las propuestas de fechas y lugar que por diferentes medios les hemos presentado”, señalan en la misiva.

También se refieren a los asesinatos (más de 30) que se han cometido en la región –según ellos– por parte de los paramilitares. Las personas que se movilizan recuerdan que tanto el Defensor Nacional del Pueblo como el Defensor Regional de Barrancabermeja y Magdalena Medio se han pronunciado públicamente sobre la urgente necesidad de que el Gobierno convoque la mesa de interlocución.

“Hoy nos hemos movilizado nuevamente para exigir una respuesta clara e inmediata a nuestra propuesta de convocar la mesa de interlocución del sur de Bolívar y así poder reiniciar las discusiones sobre nuestra problemática y las alternativas de solución”, repiten los manifestantes.

Tomado de http://www.semana.com/nacion/campesinos-del-sur-bolivar-movilizan-para-exigir-atencion-del-gobierno/163806-3.aspx

El país debe pronunciarse ante el exterminio - Asesinato de Sacerdote de Marmato Caldas

Hemos visto en los últimos meses que se pone en evidencia pública que las clases dominantes de nuestro país siguen optando por el exterminio de la diferencia. Asesinatos de mujeres, líderes del proceso de restitución de tierras, sindicalistas, jóvenes y dirigentes ambientales, han sido la constante a lo largo del año. Nada más en las últimas semanas pudimos ver el absoluto descaro y las mentiras en el asesinato por la espalda y desarmado del compañero Trípido, Diego Felipe Becerra, de 16 de años en las calles de Bogotá, por parte de agentes del Estado. Hace dos días fue asesinado a tiros al párroco del municipio de Marmato quien se había constituido en figura pública de la resistencia contra el despojo de su municipio por parte de las grandes mineras.

En el marco de la nefasta "Unidad Nacional" (Frente Nacional) parece que se ha optado por criminalizar toda protesta y cerrar cualquier opción de diálogo y acuerdos con el pueblo que lucha por sus derechos. No es otra cosa lo que demuestran las venenosas declaraciones del General Soto de la Segunda División del Ejército acerca del movimiento en defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, el manejo dado al conflicto universitario y al de los trabajadores de las empresas petroleras, por ejemplo, en Rubiales, a través de la militarización y la estigmatización, y el agravamiento del conflicto en el Norte del Cauca. El consenso alimentado por los grandes medios de comunicación no ha dejado de estar sustentado por la cohersión hoy ratificada en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Qué opción para la paz puede quedar en un país que aplasta la diferencia mediante el consenso y la cohersión?

En el contexto mundial las derechas optan por la tesis del exterminio y exacerban renovadas formas de fascismo. Por eso llamamos la atención sobre este contexto que reclama del Congreso de los Pueblos y el Congreso Nacional de Tierras, Territorios y Soberanías, la promoción de voces y acciones hacia una legislación para la vida, desde los de abajo, por la diversidad, con sentido de tierra, nación y pueblos. ¿Si no es ahora entonces cuándo para manifestar nuestra opción por la vida, y para salirle al debate a las balas que se quedan sin más argumentos que el poder armado?

Con la mayor de las firmezas requerimos invitar a seguir caminando las palabras y las voces, para inundar las calles y la "opinión pública" con la idea del cambio, y concretar ésta en el maravilloso esfuerzo de tejer ese Congreso Nacional de Aguas, Tierras, Territorios y Soberanías. La toma de Cajamarca por parte de los pueblos desde el próximo 4 de octubre transmitirá este mensaje si le metemos toda la fuerza popular y el corazón. En Santander vamos con toda a derrotar el modelo de muerte de la minería contaminante y la economía extractiva, votando SI por el Agua en la Consulta Popular del 30 de Octubre.

Estos esfuerzos son el mejor homenaje a nuestros muertos que siguen vivos en las luchas.

Hagamos las denuncias, transmitamos el mensaje, manifestémoslo en las calles, seamos una sociedad en movimiento por ese algo distinto que nos merecemos, por nuestra dignidad.

Abrazos desde tierras comuneras.

Proceso Minga Comunera AMB
sábado 3 de septiembre de 2011

HOSTIGAMIENTOS A MOVILIZACIÓN PACIFICA DE CAMPESINOS Y PEQUEÑOS MINEROS DEL SUR DE BOLÍVAR

Desde el 1° de septiembre campesinos y pequeños mineros, pobladores de diferentes municipios del Sur de Bolívar adelantamos una jornada de movilización en el municipio Arenal. Los pobladores que participamos de la acción exigimos del gobierno nacional la convocatoria inmediata de la Mesa de Interlocución, espacio concertado entre comunidades y gobierno nacional en el año 2005 para discutir la problemática regional y generar soluciones y compromisos estatales en función de mejorar las condiciones de vida de quienes habitamos en la región. Como medida complementaria de presión hemos decidido controlar las vías de acceso y salida de la cabecera del municipio de Arenal hacia otros municipios y departamentos.

Desafortunadamente durante los dos primeros días de esta jornada de movilización, hemos sido víctimas de diferentes hechos de hostigamientos y presiones por parte de miembros de la policía nacional principalmente y de otros actores.

Los hechos que se han presentado son los siguientes:

1.    El día 2 de septiembre, miembros de la policía nacional que a pesar de conocer la determinación de las comunidades de control sobre las vías y la salida e ingreso de personas, intentaron transportar en motos de la institución a civiles que pretendían salir de municipio. Ante el reclamo de quiénes participamos de la jornada y la negativa a dejarlos pasar, los policías profirieron amenazas veladas contra una de las personas que los acusó de varios crímenes contra la población, al señalarle el policía con las manos que lo “llevaría entre ojos”.

2.    El día 2 de septiembre un sujeto de nombre Luís Ángel, administrador de varias retroexcavadoras, maltrató verbalmente a algunas de las personas que participamos de la jornada por no concedérsele permiso para transportar combustible destinado a las retros que él administra, insultándolos y diciéndoles reiteradamente que por eso “duran poco y los matan ligerito”. Así mismo al intentar pasar a la fuerza por uno de los puestos de control instalados por los marchistas, se hizo acompañar por un sujeto que portaba un arma de fuego y que, dicen habitantes de Arenal, fue escolta del alcalde del municipio.

3.    El día 2 de septiembre aproximadamente a las 11:00 de la noche, policías motorizados intentaron cruzar por el sitio donde tenemos nuestras carpas para descansar. Al preguntarles el motivo de su presencia allí dijeron que iban a realizar un registro, a lo cual nos negamos. Después de discutir un rato los policías se retiraron; aproximadamente 5 minutos después de retirarse los agentes, se fue la luz en el sector donde nos encontramos y pocos minutos más tarde un lote de ganado de aproximadamente 80 reses fue arriado contra el sitio donde nos encontramos. Afortunadamente quienes se encontraban allí en ese momento alcanzaron a resguardarse y no hubo ningún accidente que lamentar. Por informaciones posteriores obtenidas de pobladores del municipio hemos sabido que los agentes instigaron un grupo de jóvenes para que azuzaran el ganado y lo mandaran contra los manifestantes.

4.    Otro hecho que hemos podido constatar, es el negocio que los agentes de la policía nacional destacados en el municipio de Arenal tienen con quiénes administran las retroexcavadoras. Como el transporte de combustible destinado a estas máquinas está restringido, los policías llegan hasta los puntos de desembarco del combustible y a cambio de una cuota permiten el paso de éste sin ningún problema. Ante nuestra posición de no permitir el transporte de combustible destinado a las retros, la policía ha manifestado malestar. Esta situación se presenta también en los municipios de Rioviejo, Norosí, etc.

Es de anotar que los casos antes enumerados son los más graves, pero no son los únicos. La policía de manera permanente ha intentado provocarnos con sus patrullajes, sus insultos velados y su permanente molestia abiertamente manifiesta contra la jornada que estamos realizando.

Arenal, septiembre 3 de 2011

Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar
 

ALERTA URGENTE.

NUEVA MASACRE EN EL SUR DE BOLIVAR
EN MEDIO DEL SILENCIO COMPLICE DE LAS AUTORIDADES

Las organizaciones abajo firmantes, denunciamos ante la comunidad nacional e internacional, los  siguientes hechos que enlutan a los habitantes del Sur de Bolívar.

 HECHOS:

1.     El día 17 de agosto de 2011, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el sitio denominado Casa Zinc, ubicado entre los corregimientos del Dorado y Canónico del municipio de Montecristo del Sur del Departamento de Bolívar, incursionó un grupo de aproximadamente 20 hombres armados y uniformados, en compañía de un hombre que la comunidad reconoce como desmovilizado, de nombre Javier,  alias “el enano”.

 2.     El grupo armado que se identificó ante la población como Águilas Negras, procedió a reunir a toda la comunidad.  Alias el enano, señaló a los señores IVAN SERRANO, reconocido tendero y habitante  de la región, LUIS ALBEIRO ROPERO joven minero, de 18 años de edad  y al señor PEDRO SIERRA de 37 años de oficio agricultor, los tres hombres fueron amarrados.  Los hombres armados procedieron a ingerir licor y posteriormente asesinaron delante de la comunidad a PEDRO SIERRA, e hicieron a un lado a   los señores IVAN SERRANO y al joven LUIS ALBEIRO ROPERO,  a quienes  torturaron, les cortaron la lengua y asesinaron posteriormente. De dicha incursión quedó herido el señor CARLOS PALENCIA, agrominero  de la región.

 3.     El grupo armado había establecido un retén en  el camino que del corregimiento de Canónico conduce a Casa de Zinc, desde las 3:00 p.m.,  allí retuvieron durante toda la noche a varios jóvenes habitantes de la comunidad que transitaban por el camino.

 4.     Al parecer, el grupo armado venía de los corregimientos dos bocas, y la ventura del municipio de  Tiquisio, lugar donde tienen una base paramilitar de acuerdo a versiones publicas en la región.

5.     Es importante señalar que en el corregimiento el Dorado, hace presencia el Batallón de Infantería Mecanizado No. 4 Gr. Antonio Nariño, adscrito a la Segunda Brigada del ejército Nacional, con sede en Malambo Atlántico.  De acuerdo a versiones de la comunidad, el Ejército se encontraba acantonado en el corregimiento el Dorado, justo desde el día anterior (16 de agosto), a una distancia de tan solo 20 minutos en carro del sitio donde ocurrió la masacre.  De la misma manera, el ejército  se encuentra en la vereda la victoria del municipio de Norosí a  tres (3) horas de donde ocurrieron los hechos.

 

6.     Esta zona tiene una alta presencia de retroexcavadoras, las cuales incursionaron desde el año 2009, ante la mirada cómplice de las autoridades locales y regionales.  Estos hechos que han sido oportunamente denunciados por la comunidad y las organizaciones que les acompañan han venido agravándose. Se calcula que existen en la región aproximadamente 60 retroexcavadoras.

 7.     Así mismo se ha venido realizando alertas ante la presencia, fortalecimiento y crecimiento acelerado de los grupos paramilitares en la región. El accionar paramilitar se ha observado principalmente en los municipios de Montecristo y Tiquisio, sin que se conozca de acciones por parte de la Fuerza Pública tendientes a neutralizarlos.

8.     Desde el día 28 de marzo de 2011, dados los elevados riesgos para la vida e integridad personal de los habitantes del Sur de Bolívar, así como de los líderes sociales de la región, se había solicitado al Vicepresidente de la República, y los Ministros del Interior y Justicia, Defensa Nacional, así como a la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Gobernador del Departamento de Bolívar, entre otras autoridades, se convocara con URGENCIA la reunión de la Mesa de Interlocución del Sur de Bolívar. Aproximadamente cinco meses después ocurre esta masacre, ante el silencio y abierta y descarada omisión de estos servidores públicos.


 Bogotá, 18 de agosto de 2011


 FEDERACION AGROMINERA DEL SUR DE BOLIVAR

COMISION DE INTERLOCUCION DEL SUR DE BOLIVAR

RED DE HERMANDAD Y SOLIDARIDAD CON COLOMBIA

CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES COMUNITARIOS SEMBRAR

ASOCIACION NOMADESC

CAPITULO DE VICTIMAS SUR DE BOLIVAR Y SUR DEL CESAR

MOVIMIENTO DE VICTIMAS DE CRIMENES DE ESTADO - MOVICE

Proyecto aurífero en el Páramo de Santurbán: 'El dedo en la llaga' del Minambiente

Por: Pastor Virviescas Gómez/Especial para El Espectador

El exministro Manuel Rodríguez ‘canta la jugada’ de lo que ocurrirá con la licencia ambiental pedida por la firma canadiense Greystar, cuyos réditos ya están en las cuentas del Gobierno, dice.

“No entiendo por qué estamos aquí. Y no lo entiendo porque el Código Minero excluye a los páramos de toda explotación. Entonces me parece que estamos en una situación absurda creada por el Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, que aceptó, en forma que me parece condenable, la solicitud de una licencia ambiental por parte de la empresa canadiense Greystar”.

Con esta categórica afirmación inicia su argumentación el ex ministro de Medio Ambiente y ex director del Inderena Manuel Rodríguez Becerra, quien realiza un pormenorizado análisis del impacto que tendría una eventual aprobación a la extracción de oro, plata y otros minerales en el Páramo de Santurbán por parte de la multinacional Greystar.

Advirtiendo que en su opinión Greystar “está en su derecho de explotar el Proyecto Santurbán” y que esta empresa “está buscando una oportunidad de negocio” como cualquier empresa privada, insiste en que “lo que es condenable es que el Estado, que es el garante de nuestros derechos, haya cometido la aberración de permitir que en cabeza del Ministerio del Medio Ambiente se hubiera aceptado la consideración de un estudio de impacto ambiental, cuando el Código Minero que se aprobó el año pasado es muy explícito en establecer que aquellas empresas que no tengan licencia ambiental para operar, el hecho de que tengan título minero no les confiere ningún derecho”.

Sus señalamientos apuntan directamente a los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y enfatiza: “No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó Ingeominas en diferentes páramos y parques nacionales del país”.

“Mal podía considerar el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental presentado por la Greystar y haberlo recibido siquiera. Entonces seamos claros de dónde están las responsabilidades. No me parece poner en la palestra a los representantes de la Greystar como responsables de una acción en la que muchos de ustedes están en desacuerdo y es que se explote una mina de oro y plata en el Páramo de Santurbán; el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad”, declara Rodríguez Becerra.

Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.

Habla de documentos de la Universidad de Oxford y del gobierno de Holanda que demuestran la decadencia y pérdida de capacidad técnica de esa cartera en la ‘Era Uribe’, y abre la puerta de las suspicacias al señalar que en lo que respecta a las licencias ambientales “tienen ocho funcionarios de tiempo completo y 180 contratistas, muy buena parte de los cuales lo único que aspiran en su vida es ir a trabajar a la Greystar o a la Drummond. La mayor parte no tienen ninguna independencia, simultáneamente son contratistas de empresas privadas y no se sabe qué sombrero tienen. Lo que se debe tener son funcionarios de tiempo completo y dedicación excluida que trabajen con el ‘sombrero’ del Estado. Esa Oficina de Licencias Ambientales es lo menos fiable”.

“Hoy en día no se niega ninguna licencia. Como no se niega ninguna licencia, entonces ustedes ya tienen la respuesta de qué es lo que va a pasar con Santurbán”, acota. Apunta también al debilitamiento profundo que tuvo el Ministerio del Medio Ambiente durante los dos períodos de Uribe Vélez. “Su administración fue una amenaza real para el tema ambiental. El primer gran daño que hizo fue haber fusionado el Ministerio del Medio Ambiente con el de Vivienda”.

Y hay más. Formula una denuncia grave: “Durante los ocho años del gobierno Uribe, el Ministerio del Medio Ambiente en varios casos tomó decisiones por órdenes de la Casa de Nariño”, y relacionó estos casos: la “perversa” Ley Forestal que estaba dirigida a explotar a gran escala el bosque natural —la cual fue declarada inconstitucional— y “con cierta inspiración paramilitar”; se aprobó el Puerto de Palermo, no obstante que el Invemar —que pertenece al Minambiente— dio un concepto negativo; se aprobó el Puerto de Dibulla a pesar del concepto negativo del Invemar y del Instituto Humboldt; se hizo una resolución aprobando el ingreso al país de ciertos desechos tóxicos; se dio visto bueno a la carretera Pereira-Nuquí —que ningún gobierno había querido aprobar por su impacto dañino en el Pacífico colombiano— “y el mismo presidente Uribe vociferó que se iba a construir la carretera del Tapón del Darién, a la que todos los ministros y directores del Inderena siempre nos opusimos”.

Al referirse a la minería de alta montaña y a cielo abierto, dice que “es pura paja eso de que existe la minería ambientalmente sostenible. No la puede haber, porque la minería es una actividad con un enorme impacto, más aún la de cielo abierto. Si uno va al Cerrejón, que hoy en día se propagandea como una gran mina sostenible, sabe que el 20% de unos huecos que parecen cráteres lunares van a quedar abiertos para siempre y que no es posible retrollenarlos. En general la gran minería en Colombia se ha hecho mal, a excepción del Cerrejón y Cerromatoso, para no hablar de la terrible historia del centro del departamento del Cesar”.

Con marchas piden que no se autorice explotación de oro en páramo de Santurbán

Estudiantes y miembros de organizaciones ambientales en Cúcuta y Bogotá salieron a las calles porque temen que las labores de la empresa Greystar contaminen el agua de la región.

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El Agua y la mina… el Movimiento por el Agua y la exacerbación de los conflictos mineros en Colombia

Abstract.
Este escrito pretende señalar las relaciones identificadas entre los proyectos mineros y las afectaciones a las aguas y a la integralidad territorial y del ciclo hidrológico, y plantear algunas ideas y propuestas para aportar a la reflexión y debate amplio en Colombia, desde el análisis de los avances en la construcción del Movimiento por el Agua y los posibles puntos de encuentro con los procesos actuales de articulación frente a la gran minería.

Foro contra la minería en Cajamarca Tolima. Tatiana Roa Avendaño

Para los campesinos, indígenas, afrocolombianos, pobladores urbanos, ambientalistas y demás grupos humanos que comprenden el equilibrio inmanente a las entidades de la naturaleza, el agua que corre a través del río lo configura en puente entre la montaña, los valles, las ciénagas y el mar, y le confiere el papel de entregar multiplicidad de sentidos a las existencias que entrecruza en su recorrido. Para el imaginario de la sociedad moderna, la montaña, el río y el mar en el mejor de los casos cumplen un papel paisajístico comercial, cuyo disfrute está mediado por la capacidad adquisitiva propia de la dinámica del capital. En la crisis ambiental – humanitaria actual, generada por dicha dinámica, los bienes de la naturaleza pretenden ser despojados de su aporte al equilibrio natural –incluido el aporte a la sobrevivencia humana- y se convierten en centro de disputa entre grupos alineados al proyecto de acumulación del capital corporativo trasnacional y grupos que se asocian comunitariamente para mantener la posibilidad territorial: la memoria, el permanecer y continuar en los territorios.

EL ORO NO VALE NADA.

“Hace quinientos años los conquistadores se llevaron nuestro oro y nos dejaron sus espejitos; pero hoy no podemos dejar que aparte del oro se lleven el espejo de agua sin el cual esta región no puede germinar”, dijo Francisco Blanco, autor de la obra ‘Creí Estar’ junto a Luis Duarte.

EL ESPECTADOR.

Nacional |24 Feb 2011 - 10:00 pm

Gobierno decidirá si concede explotación de oro en Santurbán

Por: Pastor Virviescas Gómez/Especial para El Espectador

Esta es la consigna de dos artistas que mediante la exposición de su obra “Creí estar”, en Bucaramanga, protestan para evitar que la minera Greystar llegue con sus máquinas al páramo santandereano.

Foto: Pastor Viviescas

El nombre de la obra hace referencia a la minera Greystar.

Señalando la calavera, Francisco Blanco dice que “la gente adora el oro, pero esto es lo que nos va a dejar la minería si permiten que las multinacionales se metan a Santurbán”.

“Los artistas debemos actuar frente a lo que le está pasando a la comunidad. La gente tiene que despertar y hay que presionar para que no vayan a cometer ese error”, manifestó Luis Duarte, quien aunque sabe que su obra le incomodará a Greystar, espera que no lo tilden de subversivo.

“El oro genera codicia y egoísmo, pero para nosotros es mucho más importante un vaso de agua que un gramo de oro”, concluyó Duarte.

Movilización para proteger páramo de Santander

La obra “Creí estar” estará expuesta hasta el próximo 18 de marzo. Quien se sienta atraído por alguna de las 1.500 barras doradas, podrá ir a la calle 35 Nº 9-81 en Bucaramanga y pedir una como recuerdo.

Ambos artistas se unirán a Alejandro Navas Corona, promotor de la marcha convocada por Fenalco para hoy 25 de febrero a las 2:30 de la tarde, en la que ambientalistas y ciudadanos manifestarán su rechazo a que el frágil Páramo de Santurbán sea degradado y de paso se ponga en riesgo el suministro de agua para ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, así como otros 20 municipios de Santander y Norte de Santander.